sábado, 6 de abril de 2013
Dos detenidos y multitud de heridos en el intento de desahuciar a una mujer de 70 años enferma de Alzheimer
A las 11:45 de la mañana estaba previsto el desahucio de Mónica, una
inquilina de 70 años enferma de Alzheimer que no debe un solo euro al
propietario. El piso en el que vive desde hace 40 años, situado en el
Paseo de la Castellana, constituye una oportunidad perfecta para la
especulación. El propietario, tras años de pleitos y acoso inmobiliario,
consiguió que una jueza decretase el desahucio, sin tener en cuenta el
impacto que podía tener para la enfermedad de Mónica.
Desde las
10 de la mañana, más de 200 personas –entre vecinos y solidarios– se
concentraban frente al portal para frenar esta injusticia. Poco después
llegaban varias furgonetas de la UIP que, sin mediar palabra, desataron
la violencia contra los presentes. En esta ocasión no hubo diálogo,
negociación o requerimiento para abandonar voluntariamente la entrada.
Los agentes arremetieron a empujones y golpes hasta que tomaron el
control del portal, identificando a varias personas y deteniendo a un
hombre de unos sesenta años. La dureza de la intervención se incrementó
en el segundo acceso al portal, donde se sucedieron las cargas y las
agresiones gratuitas. Numerosas personas fueron arrojadas y golpeadas
contra el suelo; una mujer de 60 años tuvo que ser atendida por el
SAMUR, fue trasladada al hospital y actualmente se encuentra ingresada
en observación. Otra mujer de 50 años fue detenida mientras los
periodistas que trataban de informar de lo sucedido fueron amenazados y
agredidos. Cuando el desahucio se había paralizado y los concentrados
abandonaban el lugar, una persona que volvía a casa fue retenida y el
hijo de Mónica fue identificado.
Ayer también decenas de policías
acudían a casa de Agripina y sus 3 hijos menores para echarlos de su
vivienda, perteneciente a la EMVS. El desahucio se produce después de
que la diputada Eva Durán se comprometiera a paralizarlo junto con otras
3 familias a las que van a desahuciar próximamente. La diputada mintió y
ayer por la mañana Agripina y sus hijos han sido desalojados 20 días
antes de la fecha fijada para el lanzamiento, quedándose literalmente en
la calle al carecer de alternativa habitacional. La EMV ha cometido una
manifiesta ilegalidad al ejecutar en el día de ayer un desahucio
señalado para el 26 de abril.
Por último, la policía desalojó el centro social okupado Raíces, situado
en un inmueble propiedad de Bankia abandonado desde hace años. El
trabajo de construcción realizado durante meses por los vecinos, es
arrojado por la borda para construir un hotel. Sabemos que los desalojos
no frenarán la expansión de los centros sociales madrileños, que serán
10, 100, 1000.
Su represión no nos parará
¡Ni desahucios ni desalojos!
WikiLeaks revela “estrategias antichavistas” de EE.UU en Venezuela
Correo del Orinoco
Entre 2004 y 2006, la Usaid donó unos 15 millones de dólares a más de 300 organizaciones no gubernamentales en Venezuela y les ofreció “apoyo técnico y capacitación”, para ejecutar planes desestabilizadores |
Un documento filtrado por el portal WikiLeaks revela una estrategia de cinco pasos implementada por Washington con la pretensión de debilitar y destruir el “chavismo” en Venezuela, teniendo a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) como principal punto de enlace con las expresiones desestabilizadoras en el país suramericano.
La cadena Russia Today (RT) reseñó que el
exembajador norteamericano en Caracas William Brownfield (2004-2007)
envió un mensaje a la Casa Blanca en el año 2006, dando detalles de los
resultados obtenidos por su “estrategia antichavista” tras el golpe de
Estado del 2002 y el referendo revocatorio del 2004.
Precisó que
entre 2004 y 2006, la Usaid donó unos 15 millones de dólares a más de
300 organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela y les ofreció
“apoyo técnico y de capacitación”, a través de su Oficina de Iniciativas
de Transición (OTI), para desestabilizar.
El texto expone que
eran cinco los objetivos de aquella estrategia: “fortalecer las
instituciones democráticas , penetrar en la base política de Hugo
Chávez, dividir el chavismo, proteger los negocios vitales de EE.UU. y
aislar a Chávez internacionalmente”.
Asimismo, Wikileaks revela
que la Usaid pretendía llevar a hasta la Corte Internacional de La Haya
supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, para así
socavar la credibilidad internacional del Gobierno de Chávez.
En
ese sentido el texto cita a organizaciones como Observatorio Venezolano
de Prisiones y Human Rights Lawyers Network in Bolivar State (Red de
Abogados por los Derechos Humanos), entre otras que hacen vida en
Venezuela.
Brownfield también explicaba que millones de
venezolanos se sentían incluidos con la ideología democrática de Chávez,
motivo por el cual hicieron planes para atraer a miles de venezolanos a
un “programa de educación cívica” denominado Democracia Entre Nosotros.
Por
otro lado, la Usaid también abogaba por “confundir tanto a los
venezolanos como a los extranjeros”. Para ello, gastó más de un millón
de dólares en la organización de cientos de foros, cuyo único objetivo
era reunir a activistas opositores a Chávez para que ”interactuaran con
chavistas y así provocar el efecto de alejarlos lentamente del
chavismo”.
Adicionalmente, la embajada de EE.UU. organizó una
serie de visitas de Brownfield a “zonas pobres del país” para demostrar
“la preocupación del Gobierno de EE.UU. con el pueblo venezolano”.
El
documento sostiene que la finalidad era “confundir” a la población y
retrasar el “intento de Chávez de utilizar a EE.UU. como un enemigo
unificador”.
La OTI también invitaba a “profesores
universitarios, ONG y líderes políticos” internacionales de otros países
a participar en sus eventos, para que al volver a sus países “se
convirtieran en aliados de la oposición venezolana” en el extranjero.
Planes
de este tipo han sido constantemente revelados, con el pasar d ellos
años, por activistas estadounidenses que valoran la gestión del Gobierno
Bolivariano. Con base en esas informaciones, en 2010 la Asamblea
Nacional de Venezuela aprobó una ley que prohibía el financiamiento
externo para fines políticos en el país, legislación que llevó al cierre
de la OTI.
Diluvio desnuda en Argentina trágicas fallas en prevención
IPS
Las intensas lluvias de los últimos días en Argentina, que dejaron al menos 57 personas muertas, pusieron al descubierto las debilidades del Estado para prevenir los impactos de eventos meteorológicos que se repiten cada vez con más frecuencia y virulencia.Una sucesión de aguaceros se abatieron el lunes 1 sobre la ciudad de Buenos Aires, provocando el desborde de varios ríos que costaron la vida a seis personas, y el martes 2 sobre La Plata, capital de la contigua provincia homónima, donde hasta ahora hay 51 muertes confirmadas. En ambos sitios los daños y pérdidas materiales son cuantiosos.
En La Plata, distante 50 kilómetros de la capital federal, quedó anegado casi todo el casco urbano, y numerosas calles devinieron en verdaderos ríos. En algunos barrios el nivel del agua llegó a dos metros, cubriendo automóviles y las plantas bajas de las viviendas.
Ante el desastre en ambos distritos, las miradas se posaron en los mecanismos de emergencia y atención social.
En 1999, cuando ya comenzaban a ser más frecuentes las inundaciones, se creó el Sistema Federal de Emergencias (Sifem), que no es un organismo ad hoc sino un esquema de organización de las entidades públicas ante desastres, según las consultas realizadas por IPS.
Cinco años después, los expertos ya advertían falencias. Ruth Zagalsky, la licenciada en ciencias geológicas de la estatal Universidad de Buenos Aires que había hecho aquella evaluación, dijo a IPS que "esa sigue siendo hoy la triste realidad".
"Las áreas que debería manejar el Sifem fueron quedando sumergidas en la administración pública, donde no se puede resolver. Se requiere de un interés político muy fuerte para que esto sea efectivo", explicó.
Para crear el Sifem, añadió, se trabajó junto a funcionarios de la estadounidense Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, pero luego no se hicieron planes de acción, salvo contra incendios forestales, donde el programa funciona "muy bien".
"Lo más importante de un plan, que es la prevención, es lo que no se hace", sostuvo, pero se observa una gran "falta de coordinación general" entre las jurisdicciones nacional, provincial y municipal para mitigar impactos.
Como resultado, los desastres se magnifican y fuerzan al Estado, en sus diferentes jurisdicciones, a invertir fuertes sumas en rescates, asistencia humanitaria, subsidios, exención de impuestos y créditos blandos, entre otras múltiples erogaciones.
Esta vez las lluvias cayeron en días festivos, cuando funcionarios de primera línea estaban de vacaciones. Los equipos de crisis se organizaron tardíamente, y tres días después de la tragedia, la asistencia sigue demorada en algunos lugares tanto en Buenos Aires como en La Plata.
Silvia Gómez, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dijo a IPS que ese organismo realizó un informe el 27 de marzo con el pronóstico para los días feriados que se extendieron del 28 de marzo al 2 de este mes inclusive.
En ese reporte, que se iba actualizando día a día, se anticipó que entre lunes y martes podían ocurrir "lluvias fuertes, con abundante caída de agua" en la ciudad de Buenos Aires y en el centro y norte de la provincia vecina, subrayó.
"Nuestros informes llegan a muchísimos organismos y dijimos que había que prepararse porque la lluvia tendría una intensidad considerable", remarcó.
Otra herramienta valiosa para el alerta temprana, a la que no se apela según las consultas, es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, integrada a Sifem para aportar información "adecuada y oportuna" desde satélites.
En su Plan Nacional Argentina en el Espacio 2004-2015, técnicos del organismo aseguraron que este es "el país de América Latina que está más expuesto a emergencias y catástrofes naturales".
Inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas, terremotos, tornados, deslizamientos de tierras, derrames de hidrocarburos, son algunos de los 11 tipos de desastre mencionados para el país.
No obstante, los impactos cada vez más severos que resultan de las inundaciones, revelan severas fallas en los planes de contingencia y obligan a los vecinos a ayudarse entre ellos antes, durante y después del impacto, sin pocas posibilidades de que algún organismo los guíe.
Los damnificados revelan que no sabían qué hacer mientras el agua subía dentro de las viviendas en La Plata. Tres días después, muchos seguían desorientados en centros de evacuación sin responsables a cargo.
El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el derechista Mauricio Macri, el gobernador de la provincia del mismo nombre, Daniel Scioli, y el intendente de La Plata, Pablo Bruera, solo responsabilizaron del desastre hasta ahora a la "inédita" intensidad de las lluvias derivadas de los efectos del cambio climático.
Scioli indicó que llovieron más de 300 milímetros en pocas horas y eso impidió el escurrimiento. Aunque "el pluviómetro ubicado por el SMN en el aeródromo de La Plata marcó 181 milímetros desde las nueve de la mañana del lunes 1 a las nueve de la mañana del martes 2", precisó la meteoróloga Gómez.
De todos modos, Gómez no descartó que el frente de tormenta haya sido más intenso en algunos barrios, como dijo el gobernador en base a datos de la estatal Universidad de La Plata.
"El Estado va a estar más presente que nunca para la reconstrucción con subsidios, créditos y todo lo que tengamos que hacer", afirmó Scioli, del sector centroizquierdista que lidera la presidenta Cristina Fernández, aunque algo distanciados últimamente.
La provincia y la ciudad de Buenos Aires pusieron en marcha comités de emergencia. IPS intentó localizar a alguno de sus responsables pero no respondieron. Tampoco lo hizo el gobierno nacional, consultado acerca del Sifem.
La lluvia impactó como si hubiera sido un tsunami o un río caudaloso que desborda, dijeron muchos afectados. El agua entró a las viviendas y brotó desde inodoros y bañaderas, de modo tan brusco que varios adultos mayores resultaron ahogados en sus casas. A otros se los llevó la corriente al salir a la calle.
Cuando la tormenta amainó y se comenzó a tomar conciencia de la tragedia, varios gobernantes y funcionarios recorrieron la zona anegada. La presidenta Fernández, Scioli, Bruera, Macri y otros escucharon airados reclamos y prometieron brindar toda la asistencia requerida. Pero los problemas son mayúsculos.
Los vecinos más damnificados de ambas ciudades coinciden en que, además de las vidas de familiares o amigos, perdieron todo lo que tenían para su desempeño cotidiano: documentos, dinero, muebles, electrodomésticos, ropa, alimentos, agua.
Un testigo implica al presidente de Guatemala en masacres de indígenas ixiles
En el cuerpo de ingenieros del destacamento militar de Santa María
Nebaj, Quiché, “las ejecuciones comenzaban entre ocho y nueve de la
noche, después de que primeramente ellos se echaban sus tragos en los
pabellones de oficiales. Depués se coordinaban entre ellos para subir a
celebrar las ejecuciones al Pino o bien al Roble,” relató el por aquel
entonces mecánico, a través de videoconferencia. “Cada comando llevaba
de 13 a 15 personas. Cuando menos, llevan tres o seis personas,”
aseguró.
“Las personas que llegaban ahí para ser ejecutadas en
las instalaciones de ingenieros ya llegaban golpeadas, torturadas,
algunos con la lengua quitada, otros con las uñas quitadas, entre otras
lesiones,” relató el ex militar.
Reyes también se refirió a los niños que fueron llevados al cuerpo de
ingenieros: “Muchos fueron sepultados con sus mamás. Escondimos a dos
niños para que no fueran raptados, pero otro niño lo fue por el oficial
García González.” A los relatos de ensañamiento de los oficiales agregó:
“Una vez capturaron a una anciana de 68 años, con cabello largo. Fue
ejecutada. Después llevaron su cabeza al comedor para hacer una broma”.
Al ser consultado por el fiscal sobre el peligro que corre a raíz de
haber dado estas declaraciones, Reyes manifestó: “Si yo conocí las
operaciones que ejecutó Don Tito Arias, conocido como Otto Pérez Molina,
Francisco Marín, el mayor Quilo Ayuso y los comandantes y oficiales que
estuvieron dentro de las instalaciones, yo creo rotundamente lo capaces
que son ellos de asesinar a cualquier persona. Estoy completamente
seguro de que ellos no se tientan el alma para torturar y desaparecer a
otra persona, y menos para ocultar sus faltas.”
El general Quilo Ayuso es uno de los testigos propuestos por la defensa de Ríos Montt para declarar a su favor.
Francisco Cuevas, vocero presidencial, negó las acusaciones sobre las
órdenes de masacrar a indígenas ixiles: “El presidente Otto Pérez
Molina nunca participó en estos hechos, no está documentado”, dijo a
Emisoras Unidas de Guatemala.
Gobierno y Casa del Rey negocian una transparencia con límites
No se lo dijeron a nadie, ni siquiera a los grupos del Congreso, pero
el Gobierno y la Casa del Rey llevan dos meses, según aseguraron ayer,
negociando la inclusión de esta institución en la Ley de Transparencia, aunque con límites. Desde hace más de un año, cada vez que se preguntaba a la vicepresidenta por este asunto, negaba que la Casa del Rey
pudiera ser incluida en esa norma que implica el derecho a pedir datos
sobre la gestión del dinero público. Pero poco a poco, la presión de los
otros grupos y sobre todo el deterioro de imagen de la Corona parecen
haber hecho cambiar de opinión a todos.
En privado, el Gobierno dejaba caer hace semanas que confiaba en que
La Zarzuela diera un paso para abrirse a la ley de transparencia. Y fue
finalmente la Casa del Rey la que lo anunció, en plena presión por la imputación de la Infanta,
primero a la agencia Reuters —la imputación ha tenido una enorme
repercusión internacional— y después lo confirmó a los demás medios.
A partir de ahí, hubo una clara contradicción entre la versión de La Zarzuela y la del Gobierno sobre quién tuvo la iniciativa. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,
señaló que después del debate del Estado de la nación, en el que se
aprobó ampliar la ley de transparencia a partidos y sindicatos, “desde
la vicepresidencia del Gobierno se iniciaron los contactos con la Casa
del Rey que mostró desde el primer momento su voluntad de encontrar la
fórmula de someterse a la ley”. Esto es, la iniciativa partió de la
vicepresidencia. Preguntada expresamente sobre quién tuvo la iniciativa,
la vicepresidenta suavizó: “Quiero destacar la absoluta colaboración de
la Casa del Rey, tienen la máxima disposición”.
La Zarzuela es tajante: fue el jefe de la Casa del Rey, Rafael
Spottorno, quien tomó la iniciativa y llamó a la vicepresidenta para
comunicarle que deseaban que la institución fuera incluida en la ley de
transparencia. “No nos podíamos quedar fuera”, aclaran fuentes de La
Zarzuela.
A partir de ese momento, se crearon dos equipos, uno por parte del
Gobierno, con José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes, y Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia, y
otro de la Casa del Rey, con Spottorno y el secretario general, Alfonso
Sanz, que se han reunido media docena de veces en los últimos dos meses.
Ninguno de los dos aclara en qué va a consistir el pacto. Sáenz de
Santamaría aseguró que se detallará la próxima semana, lo que hace
pensar que el anuncio de ayer se precipitó para tratar de frenar la
presión social por la imputación de la Infanta. Lo que sí está claro,
después de numerosas preguntas a la vicepresidenta en la rueda de prensa
tras el Consejo de Ministros y lo que cuenta La Zarzuela, es que habrá
límites aún sin aclarar, a pesar de estos dos meses de negociación.
“Está la música, pero falta la letra”, dicen en la Casa del Rey.
Desde La Zarzuela insisten en se materializará en la práctica en más
información sobre todo de tipo económico: por ejemplo, si el Rey viaja a
la India se dirá cuánto ha costado ese viaje. La Zarzuela y La Moncloa
apelan a la Constitución como límite, pero esta señala solo que el Rey
dispondrá de “una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y
Casa, y distribuye libremente la misma”. No dice que no pueda informar
de cómo se gasta ese dinero. El PSOE, que venía reclamando esta medida
hace meses frente al no del PP, mostró su satisfacción pero pidió que
los límites a la aplicación de la ley “no vayan más allá de la seguridad
del Estado y el marco constitucional” y otros grupos eran muy
escépticos sobre las consecuencias reales.
El Constitucional de Portugal anula la retirada de las pagas extra
El Tribunal Constitucional portugués ha declarado ilegal la retirada
de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas y las
rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad consignadas en el
presupuesto general de 2013 del país, aprobado en el Parlamento el
pasado año. Las razones en las que se apoya el tribunal son que esa
retirada violaba el principio de igualdad a la hora de afrontar
sacrificios.
Es un duro golpe para el Gobierno portugués, ya debilitado de por sí,
cercado por previsiones que no salen y presionado por la troika para
que cumpla el déficit y las protestas en la calle por los recortes, y
que ahora se encuentra inmerso en un fenomenal lío económico, ya que
deberá encontrar medidas alternativas para ahorrar los cerca de 1.200
millones de euros que va a emplear en abonar las pagas extras que
pretendía amortizarse a fin de que le salgan las cuentas. La oposición
había denunciado también la brutal subida de impuestos que también lleva
en sí el presupuesto en vigor en Portugal, pero el tribunal ha
considerado que eso se ajustaba a la Constitución. Con todo, la pelota
(peligrosa) queda ahora en el tejado de un Gobierno que había asegurado
que carecía de Plan B (algunos aseguraban que para presionar al
tribunal) pero que deberá encontrar alternativas si no quiere que el
déficit se dispare.
La crucial decisión de los 13 jueces del Tribunal Constitucional, con la que el país entero ha permanecido en suspenso,
expectante desde el punto de vista político y económico, cierra dos
semanas particularmente convulsas en Portugal, gobernado en los casi dos
últimos años por un ejecutivo conservador de coalición estable,
comandado por Pedro Passos Coelho. Esta estabilidad, eso sí, ha
contrastado con la progresiva merma de los servicios públicos debido a
los recortes galopantes, al incremento de la austeridad casi mes a mes y
a las oleadas de contestación en la calle.
El pasado 28 de marzo, se produjo el primer acontecimiento que
sacudió el país: el ex primer ministro socialista José Sócrates, después
de perder las elecciones de 2011 y tras casi dos años de silencio,
volvía con estrépito a la vida pública portuguesa anunciando que
ejercerá de comentador en un programa semanal de televisión y dando una
entrevista en la que se exculpaba y atacaba, de paso, al presidente de
la República, Aníbal Cavaco Silva, del mismo partido que Passos Coelho.
Después, con el Gobierno en suspenso, pendiente del Tribunal
Constitucional, sin aliento político y sin margen de maniobra, se
produjo, el miércoles pasado, la primera moción de censura impulsada por el Partido Socialista portugués
(PS), que hasta ahora se había desmarcado de las otras mociones (3)
presentadas por los grupos situados más a la izquierda. Es decir: los
socialistas portugueses, algo maniatados desde 2011 porque, en el fondo,
fue precisamente Sócrates el que firmó el memorando con la troika en
abril de ese año, se desmarcaban del inmediato pasado y daban un paso al
frente, exigiendo la renegociación de la deuda y de sus intereses. El
líder del Partido Socialista portugués, António José Seguro, denunció al
Gobierno de estar empobreciendo al país basándose en unas previsiones
económicas que, a la larga, yerran siempre. Y como ejemplo recordó que
hace poco más de seis meses el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar,
auguraba para 2013 un crecimiento de un 0,6% y que ahora prevé una caída
de un 2,2%.
Un día después de esta moción de censura, el jueves, el ministro más polémico del Gabinete de Passos Coelho, Miguel Relvas, presentaba su dimisión.
Relvas no era un ministro cualquiera: estaba considerado el brazo
derecho de Passos Coelho y era, además de ministro de Asuntos
Parlamentarios, el hombre encargado de las negociaciones comprometidas
(la privatización, aún no llevada a cabo, de la televisión pública
portuguesa o la venta fracasada de la TAP). Ha sido un hombre con un
inmenso poder dentro y fuera del partido y su salida del Gobierno
significó la tercera sacudida de la semana. Alegó, en una declaración
sin permitir preguntas “falta de condiciones anímicas”. Pero la
verdadera razón hay que buscarla en la inminente divulgación de un
informe que confirma la obtención fraudulenta, de su licenciatura en
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad
Lusáfona, de carácter privado y de no muy buena fama. La carrera contaba
con 36 asignaturas pero Relvas, que se matriculó en 2006, cuando ya era
diputado y un alto dirigente del PSP, consiguió que le convalidaran 32
alegando su experiencia política. De decidir cuáles y cuántas se encargó
directamente, según publica el diario Público, el mismísimo rector de la universidad, Fernando dos Santos. Sólo tuvo que examinarse de cuatro. Y en una de estas asignaturas, Introducción al Pensamiento Contemporáneo,
curso dirigido por el rector Santos, el futuro ministro sacó un
sobresaliente después de una entrevista y de presentar ocho artículos
escritos por el mismo Relvas publicados en la prensa. En un país en el
que muchos de sus doctores y licenciados se ven obligados a emigrar por
falta de oportunidades de trabajo la manera elástica de ganarse una
licenciatura del ministro parecía, simplemente, una burla.
La salida de Relvas –y la decisión del Tribunal Constitucional-
augura una crisis de Gobierno y una renovación del Gabinete. La prensa
portuguesa ha asegurado que ya hay varios ministros en la rampa de
salida. Por lo pronto, Passos Coelho ya ha convocado un Consejo
extraordinario de ministros para el sábado a las cuatro de la tarde,
hora española. Marcelo Rebelo de Sousa, miembro del Consejo de Estado,
exministro con el PSP (actual partido en el poder), exdirector de
Expresso y uno de los comentaristas políticos más reconocidos del país,
asegura que el actual ejecutivo “ha agotado su estrategia y su discurso
en los dos últimos años, porque ya empieza a cuestionar el memorandos de
la troika”. Rebelo de Sousa añade que debe “encontrar rápidamente otra
estrategia y otro discurso para renovarse y tratar de recuperar la
iniciativa política, pero esto no parece nada fácil”.
¿Significará esto un aumento de la protesta en la calle? “Los
partidos a la izquierda del Partido Socialista (Partido Comunista y
Bloque de Izquierda), así como el sindicato CGTP continuarán organizando
cierta movilización social en la calle y en los lugares de trabajo
hasta el Primero de Mayo. Pero el portugués medio se encuentra muy
asustado y preocupado con el riesgo de que una crisis política agrave
una crisis económica”, asegura Rebelo da Sousa.
Desarticulan un grupo que difundía fotos pornográficas de chicas por Whatsapp
La Policía Local de Algete ha desarticulado un grupo de jóvenes que, a través del servicio de mensajes Whatsapp, difundía fotografías pornográficas de compañeras de colegio.
El Ayuntamiento de la localidad ha informado en una nota de esta
operación 'Kodak' que ha llevado a cabo el Grupo de Mujer y Menor GAMmA
de la Policía Local y que ha concluido con la detención de un individuo, la imputación de otro y la toma de declaración de, al menos, diez menores con distintos grados de participación.
Las investigaciones comenzaron hace un mes, cuando el grupo GAMmA detectó que a través de Whatsapp se estaban difundiendo fotografías de menores de Algete y de zonas limítrofes practicando diversos actos sexuales.
Los agentes comprobaron que en distintas urbanizaciones próximas a
esta localidad varios grupos de jóvenes se intercambiaban fotografías de
chicas "que eran obligadas a fotografiarse desnudas bajo distintos tipos de presión o amenazas de sus compañeros", según el Ayuntamiento.
La Policía Local ha remitido las actuaciones a la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid y ha puesto a su disposición "un amplio reportaje fotográfico, varios vídeos de carácter sexual y diversos datos sobre la difusión de algunas fotos a nivel nacional".
La mayoría de los padres de las víctimas no sabían la situación que atravesaban sus hijas.
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