Abrió el fuego el consejero de la Embajada de Ecuador en Madrid, Leopoldo Rovayo, quien denunció públicamente que la norma deja la puerta abierta a situaciones de "irregularidad sobrevenida". El diplomático explicó que, al estar la renovación del permiso de residencia ligada a cierta situación económica, algo tan habitual en estos tiempos como quedarse en paro puede hacer que una persona que estaba en situación regular se encuentre de pronto en situación irregular al no poder demostrar ingresos en el momento de renovar su permiso. "No veo justo que se trate a los inmigrantes de manera utilitarista", añadió Robayo, quien aseguró que existe un "profundo vacío" en el Reglamento para este tipo de casos, cada vez más frecuentes como consecuencia de la crisis económica y el desempleo masivo.
La secretaría de Estado de Inmigración, representada en el debate por el director general de Inmigración, Markus González, aseguró que este tipo de casos están regulados desde las modificaciones introducidas en 2009, fruto del pacto social entre empresarios y sindicatos. Preguntado posteriormente, Markus aseguró que no hay una relación directa entre la falta de ingresos y la expulsión y que "depende de otras circunstancias". El consejero ecuatoriano se reafirmó en su denuncia. El asunto de la irregularidad sobrevenida ha sido denunciado también públicamente por abogados especialistas en extranjería.
Markus González había presentado previamente las líneas maestras del Reglamento, entre las cuales citó que la inmigración está ligada a las necesidades del mercado laboral o la necesidad de promover mecanismos de retorno voluntario, una de las grandes novedades. También citó la protección a colectivos especialmente vulnerables como las víctimas de violencia de género o la trata de blancas.
Pero las críticas y las preguntas posteriores revelaron aspectos menos conocidos de la reforma. Cristina Olmedo, responsable del área jurídica de la Red Acoge, una de las asociaciones de ayuda a los inmigrantes más importantes de España, destacó especialmente que sean necesarios informes de la comunidad autónoma que acrediten la integración del inmigrante para renovar la residencia. Precisamente este es un asunto especialmente polémico desde el anuncio de Cataluña de exigir el conocimiento del catalán como un requisito imprescindible para los inmigrantes.
Olmedo también criticó vaguedades en la norma como la exigencia de una "expectativa de mantenimiento de ingresos" futuros para la reagrupación familiar. Por último, se fijó en que la residencia puede ser denegada también por un "informe policial desfavorable", aunque no pese condena alguna sobre el inmigrante.
El director general de Inmigración rechazó que pedir informes a las comunidades autónomas introduzca discriminación según el territorio en el que se vive. González recordó que, en último caso, el que valora la concesión del permiso es el Gobierno central, ya que el Estado tiene la competencia exclusiva en iesta materia. Los informes no son vinculantes, aclaró. "Creo que no se puede hablar de arbitrariedad ni de discriminación", concluyó.
La visión más amarga de la política de inmigración la aportó el magistrado Ramiro García de Dios, del juzgado de instrucción número 6, uno de los tres juzgados que tramitan lo relacionado con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Madrid. La regulación de los CIE ha sido apartada para otra norma, que actualmente elabora el Ministerio del Interior y de la que se desconoce todo. García de Dios aseguró que hay "una arbitrariedad no reglada de los agentes públicos". El magistrado afirmó que el borrador presentado "no facilita la regularización por arraigo", ya que este se interpreta de forma restrictiva.
Al igual que el consejero ecuatoriano, el magistrado denunció que en la norma de extranjería hay "una visión de sospecha de la inmigración". "Se ve al inmigrante como trabajador útil y necesario, que con la crisis se convierte en inútil e innecesario, lo que deriva en la expulsión de los que caen en la irregularidad". Además, consideró que existe un "retorno forzoso" del inmigrante, ante el miedo a ser detenido por caer en la irregularidad. González rechazó ese concepto de "retorno forzoso".
Aunque no es competencia de Inmigración, sino de Interior, el magistrado no dejó dudas sobre la existencia de redadas de inmigrantes por la calle a los que se pide la documentación por el color de su piel. "Me muevo por Madrid y lo veo", dijo. Lo llamó "prácticas de xenofobia institucional que vulneran claramente el principio de no discriminación". El Ministerio del Interior ha negado en varias ocasiones, incluso en el Parlamento, que la policía pida documentación por el color de la piel.
